La Federación de Empresarios Privados advierte que la expansión desordenada de urbanizaciones ilegales amenaza el turismo, la producción agrícola, las fuentes de agua y el futuro desarrollo económico del departamento.
La Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) inició una campaña para la conservación de las áreas productivas del Valle Central, con el objetivo de frenar el avance de loteamientos en terrenos agrícolas que, según el sector, ponen en riesgo la producción de alimentos, el turismo y la disponibilidad de agua para las futuras generaciones.
Durante una entrevista en El Faro, el vicepresidente de la FEPT, Rolando Surriable, afirmó que la defensa de las tierras productivas forma parte de la nueva visión de desarrollo económico planteada por el empresariado tarijeño, basada en el fortalecimiento del turismo, la producción de cultivos de alto valor agregado y la protección de las fuentes de agua. «Defender las tierras productivas es defender el futuro de Tarija y una nueva matriz económica para sus ciudadanos», sostuvo.
El dirigente explicó que, debido a las limitadas extensiones agrícolas del departamento, Tarija no puede competir con regiones dedicadas a cultivos extensivos como la soya o el maíz. En cambio, considera que su potencial está en la producción de alimentos diferenciados y de alto valor, como arándanos, frambuesas, frutillas, manzanilla, vid y otros productos vinculados también al desarrollo turístico.
Sin embargo, advirtió que este modelo económico está siendo amenazado por la venta de predios agrícolas que posteriormente son transformados en urbanizaciones sin planificación, muchos propietarios venden sus tierras debido a las dificultades para producir, principalmente por la escasez de agua. Posteriormente, los compradores fraccionan los predios en cientos de lotes destinados a la venta, sin contemplar áreas verdes, equipamiento urbano, escuelas, centros de salud o mercados.
«Se está ampliando una mancha urbana que después será muy difícil dotar de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas y otros servicios básicos», indicó.
Piden mayor control del INRA
La Federación cuestionó el rol del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), al considerar que no existe un control efectivo sobre el cambio ilegal del uso de suelo en predios cuya finalidad es la producción agrícola.
Surriable recordó que las tierras tituladas por el INRA deben cumplir una Función Económica Social (FES), orientada a la producción o al pastoreo, por lo que consideró que aquellas propiedades que son loteadas deberían revertirse al Estado por incumplir dicha función.
Asimismo, sostuvo que durante las últimas dos décadas el control institucional ha sido insuficiente, permitiendo el crecimiento de asentamientos sin planificación.
Campaña de incidencia ante autoridades
El empresario explicó que la Federación ha iniciado una agenda de reuniones con el INRA, la Alcaldía de Tarija, autoridades nacionales y la Brigada Parlamentaria para promover medidas que permitan frenar los loteamientos y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Aclaró que el empresariado no tiene competencias para intervenir directamente en el control territorial, pero busca convertirse en un actor de incidencia y concienciación ciudadana. «Hemos activado campañas, reuniones y presentado demandas. La solución está en manos de las autoridades competentes», manifestó.
Incluso planteó que, si el INRA no puede ejercer un control efectivo, se evalúe transferir esa responsabilidad a otras instancias del Estado, como las alcaldías o las gobernaciones.
Comunidades rurales respaldan la iniciativa
La campaña cuenta con el apoyo de diversas comunidades campesinas del Valle Central, donde, según la FEPT, existen crecientes preocupaciones por el avance de urbanizaciones sobre áreas agrícolas. El dirigente explicó que la instalación de barrios en medio de zonas productivas genera conflictos por el uso del agua, afecta los sistemas de riego y puede provocar contaminación de las fuentes hídricas debido a la falta de infraestructura sanitaria.
Además, advirtió que la pérdida de superficies agrícolas también reduce la capacidad natural de infiltración del agua en la cuenca, comprometiendo futuros proyectos de ampliación del riego.
Urbanizaciones sin servicios y compradores en riesgo
Surriable alertó que muchas personas adquieren terrenos rurales creyendo que podrán urbanizarlos, cuando en realidad esas áreas no forman parte de la planificación urbana del municipio. Explicó que, al tratarse de predios rurales, los compradores podrían enfrentar dificultades para obtener títulos plenamente regularizados, acceder a créditos o exigir la provisión de servicios básicos.
Como ejemplo, indicó que el actual radio urbano aprobado para Tarija tendría capacidad para albergar aproximadamente un millón de habitantes, mientras que la ciudad cuenta actualmente con cerca de 200.000 personas. «Eso demuestra que no existe necesidad de seguir ampliando la mancha urbana durante los próximos años. Lo que hace falta es una verdadera planificación del crecimiento de la ciudad», afirmó.
El representante de la Federación de Empresarios Privados advirtió que quienes adquieren terrenos provenientes de loteamientos en áreas rurales podrían enfrentar serias dificultades legales y económicas. Explicó que, al no tratarse de predios incorporados al área urbana y no cumplir con la normativa vigente, los compradores podrían no obtener la regularización de sus propiedades, lo que les impediría acceder a créditos bancarios utilizando esos terrenos como garantía.
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