Un monitoreo impulsado por Ciudadanía analizó 109 muestras de papa, tomate, cebolla, lechuga, brócoli, apio, aceite de soya y hoja de coca. Los resultados muestran diferencias importantes entre alimentos y advierten sobre la presencia de múltiples residuos de plaguicidas, incluidos productos clasificados como altamente peligrosos.
¿Qué estamos comiendo realmente? Esa es una de las preguntas que busca responder un proyecto de investigación impulsado por Ciudadanía – Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, que monitoreó la presencia de residuos de plaguicidas en alimentos comercializados en ferias y mercados del área metropolitana de Cochabamba.
María Cristina Omonte, coordinadora del proyecto, explicó que la iniciativa nació con el propósito de generar evidencia técnica sobre un problema que, a su criterio, requiere mayor atención de las autoridades y de la sociedad.
El proyecto contempló el análisis de alimentos de consumo cotidiano y finalmente reunió 109 muestras, sometidas a análisis multirresiduo en un laboratorio especializado. Los alimentos incluidos fueron papa, tomate, cebolla, lechuga, brócoli, apio, aceite de soya y hoja de coca.
La investigación se concentró en la oferta alimentaria de Cochabamba y, de acuerdo con Omonte, los productos analizados provienen principalmente de Cochabamba y Santa Cruz. Por ello, los resultados constituyen evidencia sobre esa oferta alimentaria y no deben interpretarse como un diagnóstico estadístico de todos los alimentos consumidos en Bolivia.
Lechuga:
Entre los resultados presentados por Omonte, la lechuga aparece como uno de los productos que concentra mayores niveles de preocupación.
De las muestras analizadas, el 86% presentó residuos de plaguicidas y se identificaron 14 sustancias diferentes. Según la clasificación utilizada por el estudio, 13 de ellas corresponden a plaguicidas altamente peligrosos.
Pero el dato que más llamó la atención fue el hallazgo de clorotalonil en una muestra.
De acuerdo con los resultados difundidos por Ciudadanía, la concentración encontrada superó en 82.000% —820 veces— el límite de referencia utilizado para la comparación con la normativa europea. La propia organización explicó que Bolivia no cuenta con un límite máximo específico para este fungicida en lechuga, por lo que recurrió a parámetros internacionales para evaluar el resultado.
Omonte explicó que los límites máximos de residuos —LMR— establecen las concentraciones que pueden admitirse para determinados plaguicidas en determinados alimentos. “El clorotalonil ha superado en 820 veces el límite máximo”, señaló durante la entrevista. El hallazgo no significa que toda la lechuga comercializada tenga esa concentración, sino que corresponde a una muestra específica dentro del conjunto analizado.
El tomate:
El tomate también aparece entre los productos que requieren especial atención.
El estudio analizó 24 muestras y detectó 30 plaguicidas diferentes, de los cuales 19 fueron clasificados por el proyecto como altamente peligrosos.
El tomate fue, de acuerdo con Omonte, el alimento que presentó la mayor diversidad de residuos dentro del monitoreo.
Estos resultados también fueron recogidos por medios nacionales. La Agencia de Noticias Fides informó que el tomate concentró la mayor diversidad de plaguicidas identificados en el estudio.
Apio y brócoli
En el caso del apio se analizaron 10 muestras y ocho presentaron residuos, con 16 plaguicidas diferentes identificados. Según Omonte, 14 de ellos pertenecen a la categoría de plaguicidas altamente peligrosos utilizada por el estudio.
En el brócoli, de 16 muestras, el 38% presentó residuos. Se identificaron nueve plaguicidas y, según la clasificación presentada por Ciudadanía, todos correspondían a la categoría de altamente peligrosos.
La investigadora remarcó que la presencia de residuos no implica necesariamente que un alimento supere los límites máximos establecidos. Por ello, el análisis debe considerar tanto qué sustancias aparecen como las concentraciones encontradas.
Papa y cebolla
No todos los resultados fueron negativos. En la papa, el estudio encontró que aproximadamente el 81% de las muestras no presentó residuos detectables, mientras que en el porcentaje restante se identificaron tres plaguicidas. En la cebolla, las muestras analizadas no presentaron residuos detectables en el momento del análisis.
Sin embargo, Omonte hizo una aclaración importante: que un análisis no detecte residuos no significa necesariamente que el cultivo no haya sido fumigado. Puede significar que los residuos se encontraban por debajo del límite de detección o que habían disminuido por procesos de degradación. “No quiere decir que no se fumigue la cebolla”, explicó.
¿Lavar las verduras elimina los plaguicidas?
Una de las preguntas que surge inmediatamente para los consumidores es qué pueden hacer en sus hogares. Omonte diferenció entre la eliminación de microorganismos y la reducción de determinados residuos superficiales de plaguicidas.
Explicó que productos utilizados para desinfectar alimentos pueden ayudar a reducir microorganismos, pero no deben considerarse una solución para eliminar residuos de plaguicidas.
Como medida doméstica, recomendó lavar los alimentos con agua corriente, especialmente para remover sustancias que permanezcan en la superficie. En alimentos que pueden pelarse, señaló que retirar la cáscara puede disminuir parte de la exposición a residuos superficiales, aunque también implica perder nutrientes presentes en ella.
La recomendación, sin embargo, no sustituye al control de la producción ni a los análisis de laboratorio.
¿Quién controla los alimentos que consume Bolivia?
Para Ciudadanía, uno de los principales problemas revelados por el monitoreo es la necesidad de fortalecer el control estatal.
Omonte sostuvo que las organizaciones sociales, universidades y ONG pueden generar evidencia, pero que el monitoreo sistemático de los alimentos destinados al consumo interno corresponde al Estado.
En ese contexto, apuntó al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia de residuos de plaguicidas en alimentos destinados al mercado nacional.
El proyecto había sido presentado en julio como una investigación destinada a generar información sobre residuos de plaguicidas en alimentos de consumo masivo y promover controles periódicos sobre la inocuidad alimentaria.
Otro de los cuestionamientos planteados durante la entrevista tiene relación con la regulación de los plaguicidas. Omonte señaló que Bolivia mantiene una lista reducida de sustancias prohibidas y planteó la necesidad de actualizar y fortalecer la regulación sobre importación, comercialización y uso de estos productos.
Entre los ejemplos mencionados estuvo el clorpirifos, sustancia que, según explicó, fue encontrada en las muestras analizadas y que está incluida entre los plaguicidas considerados altamente peligrosos por las clasificaciones utilizadas por organizaciones internacionales.
La discusión, por tanto, no se limita a determinar qué residuos aparecen en los alimentos. También involucra qué sustancias están autorizadas, cómo se comercializan, quién asesora a los productores y qué controles existen sobre su utilización.
Para Omonte, responsabilizar exclusivamente a los agricultores sería insuficiente. La coordinadora del proyecto sostuvo que muchos productores necesitan asistencia técnica para reducir progresivamente el uso de plaguicidas peligrosos y avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles.
El problema, explicó, también está relacionado con la falta de servicios adecuados de extensión y asesoramiento agrícola. “No estamos culpando a los productores. En realidad, los productores son víctimas de un sistema que no les da asesoramiento”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, el desafío involucra a toda la cadena: productores, intermediarios, comercializadores, consumidores y autoridades.
Recomendaciones:
Una de las principales recomendaciones planteadas durante la entrevista fue recuperar la relación entre consumidores y origen de los alimentos.
¿De dónde viene el tomate? ¿Quién produjo la lechuga? ¿Qué productos se utilizaron durante el cultivo? ¿Se respetaron los períodos de carencia? ¿Qué controles existen?
Son preguntas que, según Ciudadanía, deberían formar parte de una conversación mucho más amplia sobre alimentación y salud. La organización considera que consumidores informados también pueden generar cambios en las prácticas productivas.
Durante la entrevista, Omonte planteó la posibilidad de replicar este tipo de monitoreo en otros departamentos. En el caso de Tarija, sostuvo que distintas instituciones podrían articular esfuerzos para financiar un número inicial de análisis y comenzar a generar evidencia local.
La propuesta apunta a que universidades, instituciones públicas, organizaciones de productores y organizaciones de la sociedad civil puedan conformar alianzas para conocer qué ocurre con los alimentos que llegan a los mercados tarijeños. “Si esperamos un proyecto, una institución que haga esto, van a pasar cinco años y no lo vamos a hacer”, sostuvo.
Para la coordinadora, incluso un monitoreo reducido puede convertirse en un primer paso para generar información y promover acciones.
El desafío, saber qué comemos
Los resultados del estudio colocan nuevamente sobre la mesa una discusión que va más allá de la agricultura: la seguridad alimentaria también implica saber qué sustancias llegan a nuestros alimentos y qué controles existen para proteger a los consumidores.
La investigación de Ciudadanía muestra que los resultados no son iguales para todos los productos: mientras algunas muestras no presentaron residuos detectables, otros alimentos mostraron presencia de múltiples plaguicidas y, en determinados casos, sustancias clasificadas como altamente peligrosas.
Para Omonte, el siguiente paso debería ser fortalecer el monitoreo público, mejorar la regulación y acompañar a los productores en la transición hacia prácticas que reduzcan el uso de sustancias de mayor peligrosidad.
Y para Tarija, queda abierta una pregunta que El Faro, Periodismo Ambiente e Innovación considera pertinente: ¿qué estamos comiendo y quién está verificando que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean seguros?.
Escucha la entrevista completa aqui.