La diputada Cecilia Requena destacó que la presión ciudadana contribuyó a que el Gobierno ratificara la estabilidad laboral de los guardaparques, pero advirtió que persisten desafíos relacionados con la institucionalidad del SERNAP, la selección de sus autoridades y las amenazas de actividades extractivas en áreas protegidas.
La situación de los guardaparques y el futuro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) continúan en el centro del debate ambiental en Bolivia. La diputada Cecilia Requena sostuvo que la decisión del Gobierno de ratificar la continuidad laboral de los guardaparques constituye un resultado de la presión ejercida por la sociedad civil, pero consideró que todavía existen asuntos pendientes que requieren atención.
El 14 de septiembre, el ministro Óscar Mario Justiniano aseguró que ningún guardaparque será despedido, removido o cambiado de sus funciones y explicó que la disposición de poner cargos a disposición respondía a un proceso de regularización administrativa vinculado con la reestructuración del Estado.
Para Requena, sin embargo, el debate no debería limitarse a la situación laboral de los guardaparques. La legisladora llamó la atención sobre el futuro de los directores de las áreas protegidas y la importancia de que estos cargos sean ocupados mediante criterios de capacidad, experiencia e integridad.
“El riesgo persiste porque no son solo los guardas. Hay que ver que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tenga gente meritocrática”, afirmó.
Durante la entrevista, Requena también cuestionó la posibilidad de que actividades mineras puedan desarrollarse nuevamente dentro de áreas protegidas y señaló que esta situación genera preocupación por el papel que podrían asumir las autoridades responsables de la gestión de estos territorios.
La preocupación se produce en un contexto en el que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) volvió a poner en vigencia un reglamento relacionado con la exploración y explotación minera en áreas protegidas. El ministro Justiniano manifestó públicamente que desconocía las razones de esa reposición y que esperaba una respuesta del Ministerio de Minería.
Para Requena, la protección de las áreas protegidas requiere autoridades con conocimiento técnico y compromiso con la conservación, especialmente porque deben tomar decisiones que pueden tener consecuencias sobre los territorios.
“Si los directores de área protegida no son personas idóneas, podemos tener un desastre en áreas protegidas”, sostuvo.
La diputada planteó que el país necesita una política ambiental integral que permita compatibilizar desarrollo económico y conservación, evitando que las actividades productivas terminen deteriorando ecosistemas estratégicos, particularmente las fuentes de agua.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de cambiar la visión sobre las áreas protegidas. Requena sostuvo que estos territorios no deben ser considerados espacios ajenos al desarrollo económico, sino parte de una estrategia de desarrollo sostenible.
Mencionó posibilidades como el turismo de naturaleza, la investigación y actividades productivas sostenibles, además de mecanismos de financiamiento climático y ambiental. “Las áreas protegidas son también una oportunidad de desarrollo”, enfatizó.
La diputada señaló que Bolivia ya está discutiendo instrumentos relacionados con bonos de carbono y financiamiento climático, pero consideró que estos mecanismos deben formar parte de una política más amplia de conservación y desarrollo.
A su criterio, no basta con captar recursos para proyectos ambientales si, paralelamente, se permiten actividades que pueden deteriorar los ecosistemas que se pretende conservar.
Durante la entrevista, Requena recordó que el actual sistema de áreas protegidas se consolidó en Bolivia durante la década de 1990 y destacó algunas de sus características particulares, entre ellas la participación de las comunidades y organizaciones locales mediante los comités de gestión.
También resaltó el papel de los guardaparques, muchos de ellos vinculados territorialmente con las áreas que protegen. “Tú no puedes reemplazar guardaparques como reemplazarías un portero”, afirmó, al destacar que su trabajo requiere experiencia, capacitación, conocimiento del territorio y compromiso con la conservación.
La diputada sostuvo que la permanencia de las áreas protegidas también ha dependido de la presencia de estos trabajadores, pese a las múltiples amenazas que enfrentan los territorios.
La Defensoría del Pueblo había expresado previamente su preocupación por la situación laboral de guardaparques y jefes de protección y abrió una investigación de oficio después de conocer la instrucción de poner los cargos a disposición.
Para Requena, la reacción ciudadana frente a la situación de los guardaparques demuestra que existe una apropiación social de las áreas protegidas como patrimonio común.
La legisladora destacó que organizaciones ambientales, comunidades, medios de comunicación y otros sectores de la sociedad pueden contribuir a la fiscalización de las políticas públicas.
Desde la Asamblea Legislativa, explicó, existen mecanismos como la presentación y revisión de leyes, fiscalización, informes e interpelaciones. “La presión funciona en parte, pero no es suficiente. Hay que seguir luchando”, señaló.
La diputada también sostuvo que cualquier proceso de reestructuración debe priorizar criterios de mérito y capacidad y revisar, de ser necesario, las contrataciones que no cumplan con esos requisitos. “No digo que hay que recontratar a todos. Si hay un corrupto, no lo queremos recontratar. Y si hay gente que no tiene las credenciales, revisaremos y contrataremos a la mejor gente”, manifestó.
Al evaluar el futuro del SERNAP, Requena reconoció que las áreas protegidas enfrentan amenazas relacionadas con actividades extractivas, incendios, expansión de la frontera agropecuaria y otras presiones territoriales.
Sin embargo, destacó que existe una importante resistencia local y social en defensa de estos espacios. “El sistema está ahí resistiendo, aunque muy herido”, expresó.
La entrevista concluyó con un reconocimiento al trabajo de los guardaparques y con un llamado a fortalecer la conservación como parte de una estrategia nacional de desarrollo.
Para Requena, proteger las áreas protegidas significa también proteger recursos fundamentales como el agua, los bosques y los equilibrios hidrológicos que sostienen a comunidades y regiones enteras. “Las áreas protegidas son un componente importante del desarrollo general del país”, afirmó.
El debate, por tanto, trasciende la permanencia laboral de los guardaparques: plantea preguntas sobre qué institucionalidad necesita Bolivia para administrar sus áreas protegidas, cómo deben seleccionarse sus autoridades, qué actividades pueden desarrollarse dentro de ellas y cómo convertir la conservación en una oportunidad económica sin comprometer los ecosistemas que sustentan la vida.
Escucha la entrevsita completa aquí.https://www.youtube.com/watch?v=76VQbF2ylV4