El Concejo Municipal de San Lorenzo, en un trabajo conjunto con la organización ambiental Nativa, ha aprobado la Ley Municipal N° 187, que da origen al Área Protegida Municipal “Reserva Ecoturística y Monumento Natural Cañón del Pilaya”. Esta decisión histórica busca proteger uno de los paisajes naturales más impresionantes de Bolivia, al tiempo que promueve un modelo de desarrollo sostenible centrado en las comunidades locales.
La creación de esta área protegida marca un hito ambiental y social para el departamento de Tarija y posiciona a San Lorenzo como un referente de conservación con participación comunitaria.
El nuevo espacio protegido abarca 26.743 hectáreas que integran zonas de altiplano, valle y Chaco, y comprende diez comunidades del municipio: Colorados Norte, Yumasa, Mollehuayco, Acheral, Cerro Redondo, Melón Pujo, Mandor Grande, Mandor Chico, Jarca y Cancha. En esta diversidad de ecosistemas se encuentra el imponente Cañón del Pilaya, considerado el sexto más profundo del mundo, así como especies emblemáticas como el oso jucumari, el cóndor andino y una rica variedad de flora y fauna nativas.
Pero la riqueza no es solo natural: la zona resguarda iglesias coloniales como la de Mollehuayco (data del siglo XVIII), chulpas prehispánicas, aguas termales, bancos de semillas tradicionales, prácticas agrícolas ancestrales, y una profunda identidad cultural que convierte a cada comunidad en un destino turístico por derecho propio.
Turismo con identidad, sostenibilidad y rostro humano
A diferencia de otros modelos de conservación que excluyen a las comunidades, este proyecto busca integrar las actividades tradicionales al desarrollo del turismo comunitario, respetando las prácticas agrícolas y ganaderas que ya existen.
“La ley garantiza que toda acción dentro del área protegida —sea obra, proyecto o intervención— deberá ser consensuada con las comunidades. Nadie puede decidir por fuera de ellas. Esa es la base de la sostenibilidad: la participación directa de los pobladores”, explicó Fátima Jerez, presidenta del Concejo Municipal.
Ya se han comenzado a ver resultados. En Yumasa, una de las comunidades más visitadas, los comunarios han empezado a organizarse para ofrecer alimentación, guía turística, transporte en caballo y servicios al visitante. Esta dinámica ha generado ingresos para familias que antes no contaban con oportunidades económicas, y ha ayudado a frenar la migración rural.
La ley ha sido sancionada por el Concejo Municipal en una sesión especial llevada a cabo en la comunidad de Yumasa y fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Si no es promulgada dentro de los plazos legales, el propio Concejo podrá hacerlo de oficio, como establece la normativa boliviana.
Una vez promulgada, el siguiente paso será la elaboración del Plan de Manejo del Área Protegida, una herramienta técnica y participativa que definirá los proyectos prioritarios, cronogramas, responsabilidades institucionales, medidas de conservación y estrategias de desarrollo económico.
“Tenemos un desafío enorme: traducir esta ley en acciones concretas, sostenibles y de impacto real para las familias. Pero tenemos confianza, apoyo técnico y sobre todo el compromiso de la gente”, indicó Jerez.
¿Un modelo que inspira a otras comunidades?
Durante el proceso de socialización de la ley, varias comunidades aledañas —que inicialmente no fueron incluidas— manifestaron su interés en formar parte del área protegida. El entusiasmo fue tal que ya se han presentado solicitudes formales para su incorporación en futuras ampliaciones.
Asimismo, el área tiene un efecto indirecto positivo sobre decenas de comunidades que, aunque no estén dentro de los límites, se encuentran en rutas de acceso, centros de servicio o zonas de influencia turística.
La creación del Área Protegida Cañón del Pilaya representa una visión moderna de conservación: no se trata de aislar la naturaleza, sino de integrarla a la vida de las personas, generar oportunidades y fortalecer la identidad local.
Este enfoque es impulsado por el gobierno municipal con el acompañamiento técnico de Nativa, una ONG que ha liderado procesos de diagnóstico socioambiental, planificación y empoderamiento comunitario en varios puntos del país.
“Queremos que Tarija y Bolivia se enorgullezcan de este patrimonio. No solo porque es hermoso, sino porque demuestra que sí es posible conservar y desarrollarse al mismo tiempo”, concluyó Jerez.
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