La Defensoría del Pueblo reafirmó su firme postura a favor de la defensa de los derechos humanos y ambientales, tras el reciente fallo judicial que determinó libertad irrestricta para 11 personas defensoras del medio ambiente procesadas por su oposición a proyectos extractivos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija.
“Este es un precedente muy importante que nos permitirá profundizar la exigencia de protección a quienes defienden el medio ambiente”, declaró un representante de la Defensoría, en referencia a la audiencia de medidas cautelares celebrada recientemente, donde el juez a cargo decidió no imponer medidas personales ni reales contra las y los imputados.
El caso se remonta al año 2024, cuando se inició un proceso penal contra 29 personas —28 de la comunidad de Chiquiacá y una del cantón Tariquía— acusadas de delitos como impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo. Aunque inicialmente el caso había sido rechazado, fue reabierto por decisión de la Fiscalía Departamental de Tarija. Actualmente, 11 de estas personas —entre ellas un concejal del municipio de Entre Ríos— enfrentan formalmente una imputación.
La Defensoría del Pueblo ha acompañado de cerca este caso, considerando que los acusados actuaron en defensa de su territorio y del medio ambiente, exigiendo el respeto a su derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú y otros instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es parte.
“Los comunarios de Chiquiacá y Tariquía no han hecho otra cosa que defender su derecho a ser consultados, a vivir en un ambiente sano, y a proteger sus territorios de actividades extractivas que no han sido socializadas de manera adecuada ni transparente”, enfatizó el representante defensorial.
La Defensoría también recordó que este caso se suma a otros similares en el país, donde defensores ambientales, incluyendo guardaparques, han sido objeto de criminalización por ejercer sus derechos. En ese sentido, el reciente fallo sienta un precedente relevante para avanzar hacia el reconocimiento y la protección de quienes trabajan por la justicia ambiental y el respeto a los derechos colectivos.
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