El documento, construido junto a mujeres indígenas y campesinas de Bolivia, Argentina y Paraguay, propone una ruta de acción basada en las experiencias comunitarias y busca fortalecer la respuesta de las instituciones de justicia.
Las mujeres del Gran Chaco Americano cuentan desde ahora con una herramienta diseñada desde sus propias realidades para prevenir y responder a la violencia basada en género. Se trata del Protocolo Integral para prevenir y responder a la violencia basada en género en el Gran Chaco Americano, un documento construido de manera participativa por el Colectivo de Mujeres del Gran Chaco junto a organizaciones y lideresas de los tres países que integran la región.
Mariel Paz integrante del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco, explicó que el protocolo es el resultado de un diagnóstico participativo que recoge los conocimientos, estrategias y formas de organización que las propias mujeres indígenas y campesinas han desarrollado para enfrentar la violencia en comunidades donde la presencia del Estado es limitada.
«Esperamos que con este protocolo seamos más fuertes, más articuladas y más unidas para enfrentar el problema de la violencia, pero sobre todo que tengamos mayores posibilidades de proteger a las víctimas», afirmó.
A diferencia de otros instrumentos elaborados únicamente desde el ámbito jurídico, este protocolo parte del reconocimiento de que las respuestas comunitarias también generan protección y acompañamiento.
Según Paz, uno de los hallazgos más significativos fue comprobar que, incluso en las comunidades más alejadas, las mujeres han construido redes solidarias que permiten contener y acompañar a quienes sufren violencia.
«Cuando una mujer identifica una situación de violencia, lo primero que hace es acudir a otra mujer de su comunidad. Son las vecinas quienes brindan apoyo emocional, acompañan durante la denuncia y ayudan a activar distintas rutas de protección», explicó.
Estas rutas pueden incluir el apoyo de autoridades comunitarias, la denuncia ante la Policía o ambas acciones de manera simultánea, dependiendo de las características de cada territorio.
La investigación también permitió identificar que la violencia en el Gran Chaco presenta características particulares derivadas de las condiciones geográficas y sociales.
Mariel Paz señaló que, además de la desigualdad de género, las mujeres enfrentan múltiples factores que incrementan su vulnerabilidad, como la pobreza, las largas distancias para acceder a servicios públicos, la escasa presencia institucional, las barreras culturales y lingüísticas, e incluso los efectos de la sequía.
«Una mujer muchas veces no tiene recursos para pagar un pasaje y salir de su comunidad para denunciar. Las niñas recorren largas distancias para llegar a la escuela y eso también aumenta los riesgos. La búsqueda de agua o de materias primas para la artesanía obliga a caminar cada vez más lejos debido a la sequía», indicó.
Entre las principales problemáticas identificadas durante el proceso destacan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como la violencia familiar y de pareja.
Aunque el protocolo reconoce la fortaleza de las redes comunitarias, el documento deja claro que la atención a la violencia no puede recaer únicamente sobre las mujeres. Paz enfatizó que la protección de las víctimas constituye una obligación del Estado y que las instituciones de justicia deben responder de manera oportuna y efectiva.
«Tenemos que involucrar activamente a las instituciones de justicia de los tres países para que sean más firmes, más eficientes y más proactivas frente a la violencia», sostuvo.
Por ello, además de estar dirigido a organizaciones de mujeres, el protocolo busca convertirse en una herramienta para los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Defensorías de la Niñez y Adolescencia, fiscalías, policías y demás entidades responsables de garantizar el acceso a la justicia. “El objetivo es evitar que las mujeres encuentren puertas cerradas cuando deciden denunciar”.
Aunque fue diseñado para el Gran Chaco Americano, la investigadora considera que el protocolo puede adaptarse a otras zonas rurales donde las comunidades enfrentan condiciones similares de aislamiento y escaso acceso a servicios públicos.
Asimismo, destacó la fortaleza del tejido organizativo de mujeres existente en el Chaco trinacional, donde conviven redes de productoras, artesanas, defensoras de derechos humanos y organizaciones indígenas que trabajan coordinadamente para prevenir y atender la violencia.

«Este es un protocolo de base indígena y comunitaria, que toma en cuenta las barreras geográficas, culturales y lingüísticas. Es un protocolo nacido de nuestra propia realidad», afirmó.
Debido a las limitaciones presupuestarias para imprimir el documento de manera masiva, el Protocolo Integral para prevenir y responder a la violencia basada en género en el Gran Chaco Americano está disponible en formato digital.
Las personas interesadas pueden descargarlo de forma gratuita a través de la página web y las redes sociales del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco, donde se encuentra habilitado un enlace de acceso público.
Con esta iniciativa, las organizaciones de mujeres del Gran Chaco buscan fortalecer la prevención, el acompañamiento comunitario y la articulación con las instituciones de justicia, ofreciendo una herramienta que nace de las experiencias, conocimientos y resiliencia de las propias mujeres del territorio.
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