En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, destacamos el rol de las mujeres como defensoras del territorio y de los bienes naturales pero también víctimas de la violencia socioambiental.
Las intensas lluvias que afectan a comunidades del municipio de Entre Ríos y a distintas zonas de la provincia O’Connor están generando una situación de emergencia que requiere atención inmediata de las autoridades, debido a los daños en caminos, pérdida de producción agrícola y afectaciones a servicios básicos como agua y electricidad.
Según reportes de organizaciones que trabajan con comunidades campesinas e indígenas, varias localidades enfrentan problemas de transitabilidad por derrumbes y crecidas de ríos, lo que ha dejado a algunas poblaciones prácticamente aisladas. La situación se agrava debido a que se prevé una semana de precipitaciones intensas, lo que podría incrementar los riesgos.
“Hay comunidades sin agua, sin luz y con caminos bloqueados. Además, muchas familias han perdido su producción, lo que compromete su sustento”, señaló Cynthia Mamani del colectivo Angirü, colectivo que trabaja en territorios rurales del departamento de Tarija.
La situación no afecta únicamente al centro poblado de Entre Ríos. Al interior de la provincia O’Connor, diversas comunidades enfrentan dificultades para movilizarse y acceder a servicios básicos. Ante este panorama, organizaciones sociales advierten que se requiere el despliegue urgente de recursos, maquinaria y personal para la limpieza y apertura de caminos, así como apoyo a las familias damnificadas.
Los efectos de la crisis climática impactan de manera desproporcionada en las mujeres, especialmente en contextos rurales donde ellas sostienen gran parte de las tareas de cuidado y de producción familiar.
La pérdida de cultivos, la falta de agua o la dificultad para acceder a alimentos incrementan la carga de trabajo para las mujeres, quienes además suelen ser responsables de garantizar la alimentación y el cuidado de sus familias.
“Muchas veces hablamos de violencia de género solo en términos físicos o emocionales, pero también existe una violencia socioambiental que afecta directamente los sistemas de vida en los territorios”, explicó la activista.
Esta situación, según explicó, se vuelve más crítica cuando las familias quedan sin acceso a agua potable o a fuentes naturales de agua debido a la contaminación o a la crecida de los ríos, lo que obliga a las mujeres a buscar alternativas para abastecer a sus hogares.
Las organizaciones también advierten que eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes y severos, por lo que consideran urgente incorporar políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático.
“Estamos en un momento clave para incorporar estas discusiones en las políticas públicas y también en las agendas de quienes aspiran a gobernar”, señalaron desde el movimiento de mujeres.
Entre las medidas necesarias mencionan sistemas de alerta temprana que lleguen hasta las comunidades, gestión integral del agua, incluyendo cosecha de agua de lluvia, participación comunitaria en la planificación territorial y programas de apoyo a la producción campesina afectada por desastres.
En el marco del 8 de marzo se debe reconocer también a defensoras ambientales quienes enfrentan procesos de criminalización por su participación en la defensa ambiental, claro ejemplo las mujeres de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía que enfrentan procesos judiciales vinculados a la defensa del territorio.
Datos de organizaciones internacionales señalan que América Latina concentra la mayoría de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo, una situación que genera preocupación entre colectivos que trabajan por la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

