La Brigada Parlamentaria de Tarija anunció la intensificación de sus acciones legales e institucionales en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, tras adherirse formalmente a la demanda presentada por el Defensor del Pueblo ante el Juzgado Agroambiental, incorporando nuevos elementos probatorios que ponen en cuestión el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3, operado por Petrobras.
La parlamentaria Adriana [apellido] informó que el pasado 15 de enero se presentó un memorial de adhesión mediante el cual la Brigada respalda íntegramente el petitorio del Defensor del Pueblo y suma documentación oficial emitida en 2020 por la Autoridad Ambiental Competente Nacional, entonces dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Dicho pronunciamiento establecía que el proyecto debía ser clasificado como Categoría 1, la más alta en términos de exigencia ambiental.
Esta categorización obligaba a la empresa operadora a presentar, en el plazo máximo de un año, un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral, además de llevar adelante un proceso de consulta y participación con las comunidades, de carácter vinculante, bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos como organismo sectorial competente.
“Ese estudio debía analizar de manera integral todos los factores del ecosistema: biológicos, físicos, socioeconómicos, culturales y jurídico-institucionales. No se trata de un análisis parcial, sino de una evaluación completa del impacto ambiental en una zona altamente sensible”, explicó la legisladora.
Sin embargo, la Brigada Parlamentaria advirtió que durante cuatro años no se tuvo conocimiento público del cumplimiento de estas obligaciones, ni de la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, pese a que la normativa establece incluso la posibilidad de multas para la empresa operadora. Posteriormente, el proyecto aparece con una licencia ambiental Categoría 2, que reduce sustancialmente las exigencias técnicas y elimina la obligatoriedad del proceso de consulta y participación.
“Lo que exigimos es transparencia. La población tarijeña tiene derecho a saber qué ocurrió entre 2020 y 2025, qué cambios sustanciales se habrían producido para justificar el paso de una categoría uno a una categoría dos y si Petrobras cumplió o no con las obligaciones que le imponía la primera licencia”, señaló.
Asimismo, se denunció que este cambio de categoría podría estar vulnerando el artículo 117 de la Ley de Hidrocarburos, referido al acceso a la información, así como el Decreto Supremo 24781, que protege las áreas de amortiguamiento de las reservas naturales. Si bien el pozo Domo Oso X3 se encuentra fuera del polígono de la reserva, está ubicado dentro de su área de influencia, lo que obliga a un tratamiento ambiental más riguroso.
Defensa de comunarios y aplicación del Acuerdo de Escazú
Otro eje central de la acción emprendida por la Brigada Parlamentaria es la defensa de comunarios y defensores ambientales de Tariquía, actualmente procesados penalmente por la operadora, pese a que sus movilizaciones se realizaron de manera pacífica.
La parlamentaria recordó que el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia en 2019 y vigente como ley del Estado, establece garantías específicas para las personas defensoras del medio ambiente. “El artículo 9 es claro: el Estado debe prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de criminalización, intimidación o persecución contra quienes ejercen legítimamente la defensa ambiental, y debe abstenerse de utilizar el derecho penal como mecanismo de disuasión frente a la protesta pacífica”, remarcó.
En ese sentido, el memorial presentado solicita la paralización de las acciones penales en curso, al considerar que se estaría vulnerando este acuerdo internacional. También se pidió al Juzgado Agroambiental requerir información detallada al Ministerio Público sobre las actuaciones fiscales que, en algunos casos, ya derivaron en acusaciones formales y en la inminente apertura de juicios orales.
Próximas actuaciones
La Brigada Parlamentaria de Tarija informó que ya fue notificada oficialmente como parte dentro del proceso y que dará seguimiento permanente a las actuaciones judiciales. Además, anunció que acompañará la audiencia técnica con inspección in situ programada para el 9 de febrero en Entre Ríos, donde las partes deberán presentar alegatos y pruebas.
Finalmente, se destacó que diversas instituciones, colectivos ambientales, colegios profesionales y el Colegio de Abogados de Tarija se han sumado a la causa, comprometiéndose a revisar la documentación técnica y brindar apoyo jurídico a los comunarios procesados.
“La defensa de Tariquía no es solo una causa ambiental, es una causa de legalidad, transparencia y respeto a los derechos de las comunidades”, concluyó la legisladora.