TARIQUÍA DESDE EL TERRITORIO: TESTIMONIOS QUE EXIGEN UNA PAUSA URGENTE

La situación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía atraviesa uno de sus momentos más críticos. Comunidades locales, periodistas, defensores ambientales y autoridades electas coincidieron en alertar sobre los riesgos ambientales, sociales y humanos que implica el ingreso de empresas petroleras al territorio protegido, denunciando falta de información, vulneración de derechos y uso de la fuerza pública.

Durante una extensa entrevista en el programa El Faro, la periodista Elizabeth Rendiz, con amplio trabajo territorial en Tariquía, describió un escenario de abandono institucional y resistencia comunitaria sostenida desde el pasado 8 de diciembre, cuando pobladores iniciaron vigilias para impedir el avance de maquinaria vinculada al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3, parte del bloque San Telmo.

“Las comunidades están en el camino, bajo la lluvia, divididas en dos puntos de vigilia, sin saber cómo van a comer o resguardarse. Aun así, siguen firmes defendiendo el lugar donde viven”, relató Réndiz, quien subrayó que el conflicto no es nuevo y recuerda episodios similares ocurridos en 2019, también reprimidos con presencia policial.

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos en la entrevista es la legalidad de la licencia ambiental y del proceso de consulta previa, que, según denunciaron, habría excluido a comunarios directamente afectados, incorporando en su lugar a organizaciones ajenas al territorio.  Asimismo, se cuestionó la modificación acelerada del Plan de Manejo de la reserva, aprobada en un solo día, lo que vulneraría procedimientos técnicos y normativos.

Réndiz fue enfática al señalar que, aunque el pozo Domo Oso X3 se ubique formalmente fuera del límite de la reserva, se encuentra en su zona de amortiguamiento, diseñada precisamente para proteger el ecosistema central. “Pinchar esa zona es comprometer la reserva entera”, advirtió.

En la misma entrevista, la senadora Marcela Guerrero anunció la presentación de un proyecto de ley nacional para proteger de manera integral a Tariquía, prohibiendo expresamente cualquier actividad de exploración o explotación hidrocarburífera y declarando la nulidad de contratos existentes, sin indemnización para las empresas involucradas.

La legisladora planteó además la necesidad de avanzar hacia alternativas sostenibles, como los bonos de carbono, que podrían generar ingresos significativos para las comunidades sin poner en riesgo el ecosistema. “Tariquía no es una fuente de dinero a cualquier costo, es una fuente de agua, de vida y biodiversidad para Tarija y la región”, afirmó.

Las y los participantes coincidieron en que el conflicto exige acciones inmediatas, como la paralización de actividades, auditorías ambientales y legales independientes, y un diálogo real con las comunidades. También denunciaron hechos de violencia y amedrentamiento, incluyendo agresiones a personas adultas mayores durante operativos policiales.

“Tariquía es el bosque húmedo tucumano mejor conservado de Latinoamérica. No solo está en juego Tarija, está en juego un patrimonio ambiental regional”, sostuvo Réndiz, quien llamó a dejar de mirar la reserva como un botín económico y a priorizar el derecho a la vida.

Las organizaciones y comunidades anunciaron marchas, acompañamientos territoriales y acciones legales, al tiempo que convocaron a la población a informarse y sumarse a la defensa del área protegida.

El mensaje es claro y unánime: Tariquía no se toca, no se negocia y se defiende.

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