La decisión judicial exige el cumplimiento de consultas previas y estudios ambientales antes de continuar con la explotación de recursos naturales en territorios indígenas.
El Tribunal Agroambiental de La Paz ha concedido medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo que suspenden temporalmente el tratamiento de los proyectos de ley 197/2024 y 170/2025, ambos relacionados con la explotación de litio en el salar de Uyuni. La decisión busca garantizar el cumplimiento de procedimientos legales y el respeto a los derechos ambientales e indígenas.
Cecilia Bolivar, representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, confirmó que la resolución judicial ordena detener cualquier avance en los proyectos hasta que las autoridades administrativas cumplan con varios requisitos clave, entre ellos la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas del norte de Lipes y el suroeste de Potosí.
“Esta es una noticia importante, valiosa para preservar el derecho al medio ambiente, el derecho de la Madre Tierra, pero además los derechos de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios campesinos”, afirmó Urquieta durante una entrevista con El Faro.
La resolución también establece la obligación de realizar tres tipos de estudios: Evaluación de impacto ambiental acumulativo (ambiental, social, cultural y económico); estudio integral sobre la disponibilidad de recursos hídricos, en especial de aguas subterráneas y fósiles como la evaluación ambiental estratégica para definir la influencia real de los proyectos en los territorios afectados.
La medida está respaldada no solo por la normativa nacional, sino también por compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, el cual Bolivia ratificó y que refuerza la protección de los derechos ambientales y de acceso a la información.
Desde la Defensoría del Pueblo, el defensor Pedro Callisaya remarcó que esta acción responde al deber institucional de velar por el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales estratégicos.
Además, se abre un debate sobre el futuro de los proyectos si las comunidades indígenas afectadas rechazan su ejecución. “Si las comunidades dicen no a la explotación del litio, los contratos no pueden seguir adelante”, explicó Urquieta, reafirmando la centralidad del consentimiento comunitario en el proceso.
Esta resolución marca un hito en el control ambiental y el respeto a los derechos colectivos en Bolivia, en un contexto donde la transición energética global aumenta la presión sobre los recursos como el litio, considerados estratégicos para el país.

