Frente al deterioro ambiental y los conflictos sociales ocasionados por la pesca ilegal en el río Pilcomayo, el Gobierno Departamental de Tarija, a través de CODEFAUNA dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, ha iniciado acciones legales y administrativas con el objetivo de proteger la biodiversidad acuática y restablecer el orden en una de las principales cuencas hidrográficas del sur del país.
El secretario departamental Evelio Téllez informó sobre una creciente preocupación por el uso de trampas ilegales en la pesca del sábalo —especie clave para la economía y alimentación de comunidades ribereñas—, lo que ha generado tensiones entre asociaciones pesqueras, sindicatos y autoridades.
“Después del ciclo de hidrocarburos, lo que nos queda es cuidar nuestras fuentes naturales. El río Pilcomayo no puede seguir siendo víctima de una explotación irracional. Estamos actuando con firmeza para garantizar que se respeten las normas de pesca y se preserve el equilibrio ecológico”, declaró Téllez.
El conflicto emergió tras denuncias de la Asociación de Pescadores 1° de Mayo y el Sindicato del Río Pilcomayo, quienes señalaron que el uso de trampas artesanales por parte de algunos grupos está impidiendo el curso natural de migración del sábalo, afectando la cadena de pesca río arriba y reduciendo los ingresos de quienes practican la pesca legal y sostenible.
Téllez explicó que el Gobierno Departamental ha solicitado a la Justicia Agroambiental medidas cautelares, y ha iniciado un proceso penal contra infractores por vulnerar la Ley de Medio Ambiente (Ley 1333), la Ley General de la Biodiversidad (Ley 938) y el Reglamento de Pesca 270/2019. Estas normas prohíben el uso de trampas fijas, dinamita y productos químicos en cuerpos de agua.
Si bien el Gobierno puede intervenir con apoyo policial, Téllez enfatizó la complejidad del escenario: “Estamos hablando de concesiones con más de 80 personas. Hay riesgo de enfrentamientos. Incluso hay reportes de pescadores en estado de ebriedad que defienden con violencia sus trampas. Por eso decidimos actuar por la vía judicial, para evitar confrontaciones físicas y asegurar sanciones ejemplares”, mencionó Téllez.
Una hoja de ruta para un Pilcomayo ordenado
La Secretaría de Medio Ambiente subrayó que estas medidas buscan sentar las bases para una gestión ordenada y sostenible del río Pilcomayo, asegurando que futuras autoridades encuentren un sistema pesquero regulado y justo.
“No es fácil desarmar trampas que se han instalado por décadas. Pero estamos decididos a dejar un legado de legalidad y respeto ambiental”, concluyó Téllez.
El uso de trampas ilegales no solo obstaculiza la migración natural del sábalo, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de comunidades río arriba, como las ubicadas en la provincia Gran Chaco. Además, estas prácticas afectan a la fauna silvestre, contaminan el agua y erosionan la confianza en la gestión comunitaria de los recursos naturales.
“El río Pilcomayo pertenece al Estado. Los concesionarios firmaron compromisos de respeto a la ley. Al no cumplir, las concesiones serán reasignadas a personas que valoren y protejan el medio ambiente”, afirmó Téllez.
El Gobierno Departamental destacó que los daños ocasionados por la pesca ilegal serán cuantificados y exigidos a los infractores en términos de reparación económica y, si corresponde, mediante el embargo de bienes personales.
Llamado a la corresponsabilidad ciudadana
En la entrevista, se hizo también un llamado a la población para ejercer un consumo responsable. Se instó a no adquirir pescado obtenido con prácticas ilegales, y a exigir trazabilidad sobre su origen. “Como consumidores tenemos el poder de cambiar estas dinámicas. Si no compramos pescado que viene de trampas, desincentivamos esa forma de pesca destructiva”, señaló la periodista de El Faro.
EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE TARIJA INICIA ACCIONES LEGALES PARA FRENAR LA PESCA ILEGAL EN EL RÍO PILCOMAYO Y PROTEGER SU ECOSISTEMA

