Un operativo interinstitucional permitió identificar ocupaciones ilegales, apertura de caminos, tala de árboles y loteamiento en un predio fiscal ubicado a 11 kilómetros de Villa Montes. La ABT advierte sobre la presión que enfrenta el bosque chaqueño y anuncia nuevas inspecciones en zonas próximas al área protegida del Aguaragüe.
La ocupación irregular de tierras fiscales, la deforestación y la producción ilegal de carbón vegetal se encuentran entre los principales problemas ambientales identificados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en la región del Gran Chaco.
Roberto Illanes, responsable de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras de Villa Montes, informó sobre los resultados de un operativo interinstitucional realizado junto al Gobierno Municipal y la Gobernación, en un predio fiscal ubicado aproximadamente a 11 kilómetros de la ciudad.
Según explicó, se trata de terrenos revertidos a la familia Paz que todavía no cuentan con una nueva decisión de dotación por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Sin embargo, durante la inspección se identificaron desmontes, tala de árboles, apertura de brechas, cierre de propiedades y loteamiento.
La inspección permitió constatar que gran parte del terreno ya se encuentra dividido y que existen familias asentadas en el lugar. Llanes estimó que entre 50 y 60 familias estarían ocupando el área, situación que calificó como preocupante debido a que no existe una definición sobre su adjudicación.
Durante el operativo también se identificaron actividades de aprovechamiento forestal y se decomisaron dos motosierras. El responsable de la ABT señaló que se está elaborando un informe técnico que será remitido al área jurídica para iniciar las gestiones correspondientes y solicitar información al INRA sobre la situación legal del predio.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la ubicación del terreno, en las faldas de la serranía del Aguaragüe, donde se conserva vegetación característica del ecosistema chaqueño.
Entre las especies forestales identificadas en la zona se encuentran el quebracho colorado, el quebracho blanco y el palo blanco, además de otras especies propias del bosque de pie de monte.
Llanes destacó que se trata de una vegetación importante, especialmente por las condiciones de sequía que caracterizan a la región y por la función ambiental que cumplen estos bosques.
Asimismo, anunció que la ABT está coordinando nuevas inspecciones en comunidades ubicadas dentro de áreas protegidas, donde mediante imágenes satelitales se identificaron importantes superficies desmontadas. Para estas acciones se busca el acompañamiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), institución responsable de la administración de estas áreas.
El funcionario recordó que la ABT no tiene competencia para autorizar desmontes dentro de áreas protegidas, cuya fiscalización corresponde al SERNAP.
Otro de los problemas identificados es el crecimiento de la producción de carbón vegetal, actividad que ha encontrado nuevos mercados, principalmente en Perú y Chile.
El responsable de la ABT explicó que la elaboración de carbón puede representar una alternativa de aprovechamiento de residuos forestales, particularmente en el contexto de las restricciones a las quemas de cordones. Sin embargo, advirtió que está prohibido utilizar árboles vivos exclusivamente para producir carbón.
La preocupación institucional se centra en personas que estarían talando vegetación viva únicamente para alimentar los hornos de carbón, sin que exista otro aprovechamiento que justifique el desmonte.

Llanes explicó que la ABT realiza inspecciones a los camiones que transportan carbón y cuentan con documentación legal, mientras que las actividades clandestinas representan un desafío adicional para las tareas de fiscalización.
También aclaró que una parte importante del carbón que circula en la región proviene de áreas con desmontes autorizados, entre ellas sectores de Bajío Verde y El Palmar.
Respecto a las autorizaciones de desmonte, señaló que estas deben responder al derecho propietario, la clasificación y aptitud del suelo, los estudios técnicos y los instrumentos de ordenamiento predial. Además, deben respetarse las áreas protegidas y las servidumbres ecológicas, como ríos, quebradas y lagunas.
La ABT pidió a la población presentar sus denuncias directamente en las oficinas de Villa Montes, preferentemente por escrito, aunque también se reciben denuncias verbales y reportes difundidos a través de los medios de comunicación y plataformas digitales.
Llanes explicó que el procedimiento comienza con una visita de campo, la verificación de coordenadas y el análisis de información mediante sistemas de información geográfica, para determinar si el área denunciada corresponde a una propiedad privada, tierra fiscal o reserva.
El funcionario reconoció que la institución enfrenta limitaciones económicas y logísticas, pero destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades municipales, departamentales y regionales.
Finalmente, señaló que, si bien durante este año no se registraron incendios forestales en Villa Montes ni en el Aguaragüe, actualmente la atención institucional está concentrada en frenar los avasallamientos, los desmontes ilegales y la producción irregular de carbón vegetal.
La protección de los bosques chaqueños requiere no solamente de acciones de fiscalización, sino también de coordinación institucional, seguridad jurídica sobre la tierra y participación ciudadana para evitar que la ocupación irregular y la explotación de los recursos forestales sigan avanzando sobre uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica.
Fuente: Entrevista a Roberto Illanes, responsable de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras de Villa Montes (ABT), en el programa El Faro. Periodismo, Ambiente e Innovación.

