La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios forestales en Bolivia han dejado de ser un problema estacional para convertirse en un problema estructural del Estado, debido a la falta de acciones preventivas sostenidas, la débil articulación entre los distintos niveles de gobierno y la insuficiente aplicación de sanciones frente a las quemas ilegales.
Durante una entrevista en el programa El Faro, Claudia Flores Prado, jefa de la Unidad de Debida Diligencia de Derechos Humanos y de la Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo, explicó que la institución viene alertando sobre esta problemática desde 2023 y que, en la presente gestión, las acciones preventivas comenzaron desde enero, priorizando la prevención, la articulación institucional y la asistencia humanitaria cuando corresponde.
«La inacción no significa solamente no atender los incendios cuando ocurren, sino también la falta de coordinación para implementar acciones preventivas eficaces», afirmó Flores.
La Defensoría identificó varios factores que evidencian el carácter estructural de la problemática, entre ellos la falta de cumplimiento efectivo de los planes de prevención en los niveles central, departamental y municipal, la escasa articulación entre las instituciones responsables de la gestión del riesgo como también un débil control y sanción de las quemas ilegales, debido a dificultades en los procesos de investigación.
A ello se suman las limitaciones en los sistemas de monitoreo, que detectan focos de calor, pero no siempre permiten identificar oportunamente incendios forestales, el riesgo de expansión de asentamientos humanos o de la frontera agrícola en zonas afectadas por incendios y la activación tardía de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), pese a que la respuesta debe producirse en cuestión de minutos u horas.
Asimismo, recordó que la Resolución Constitucional 233/2024, emitida dentro de la Acción Popular promovida por la Defensoría del Pueblo, obliga a distintas entidades del Estado a presentar informes trimestrales sobre las acciones de prevención y atención de incendios forestales.
Flores señaló que los incendios forestales generan múltiples vulneraciones a los derechos humanos.
Entre los principales se encuentra el derecho a la salud, debido a la contaminación del aire y el incremento de enfermedades respiratorias y dermatológicas, el derecho a la educación, especialmente de niños y adolescentes, quienes enfrentan suspensión de clases presenciales y dificultades para acceder a la educación virtual en zonas rurales.
A ello se suma el derecho a la vida y a la integridad personal, considerando las pérdidas humanas y los riesgos que enfrentan brigadistas y pobladores como también el derecho al territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, quienes en muchos casos son desplazados y posteriormente enfrentan cambios forzados en sus formas tradicionales de vida.
Respecto a los derechos de la Madre Tierra, recordó que la Constitución y las Leyes Nº 071 y Nº 300 reconocen derechos específicos de la naturaleza, los cuales también resultan afectados por los incendios, incluyendo la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas y el impacto sobre la fauna silvestre.
La representante defensorial enfatizó que la prevención de incendios no depende únicamente del Estado, sino también de la ciudadanía. «Los incendios forestales nos afectan a todos. Es una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y cada ciudadano, desde las acciones que realizamos cuando iniciamos una chispa», sostuvo.
En ese marco, anunció que la Defensoría del Pueblo impulsa una campaña nacional de sensibilización y difusión sobre prevención de incendios forestales, a la que convocará a municipios, gobernaciones, medios de comunicación, organizaciones sociales, activistas y sociedad civil.
La Defensoría también expresó su preocupación por los efectos que podría generar el fenómeno del Súper Niño, que incrementaría las condiciones de sequía y el riesgo de incendios forestales en distintas regiones del país.
Finalmente, Flores informó que la institución se suma al proceso de articulación impulsado por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y el Viceministerio de Defensa Civil, convocando a entidades públicas, organizaciones sociales y sociedad civil a fortalecer las acciones preventivas antes del periodo de mayor riesgo.
«La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger la vida, los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra», concluyó.