La Plataforma por las Áreas Protegidas y los Ecosistemas Estratégicos de Tarija inició una nueva etapa de fortalecimiento con el objetivo de consolidar una articulación entre organizaciones, colectivos ciudadanos, academia, instituciones públicas, empresas y voluntarios comprometidos con la conservación de la biodiversidad. La iniciativa forma parte de un proyecto nacional impulsado por LIDEMA, que se desarrolla de manera simultánea en los nueve departamentos del país.
Durante una entrevista en el programa El Faro: Periodismo, Ambiente e Innovación, Andrea Álvarez, Coordinadora Dptal. de Plataforma por las Áreas Protegidas y los Ecosistemas Estratégicos de Tarija, explicó que este año el principal desafío es ampliar la participación de nuevos actores para convertir esta iniciativa en una verdadera comunidad ambiental que impulse la protección de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos del departamento.
«La articulación entre organizaciones siempre ha existido, pero ahora buscamos darle una estructura más formal que permita incidir en las decisiones y fortalecer el trabajo conjunto», señaló.
Álvarez recordó que la Plataforma nace como respuesta al compromiso asumido por Bolivia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15), realizada en Montreal, donde los países acordaron conservar al menos el 30 % de la superficie terrestre y acuática del planeta hasta el año 2030, conocida como la Meta 30×30.
En ese sentido, explicó que el trabajo de la Plataforma no se limita únicamente a promover actividades ambientales, sino que busca incorporar criterios de conservación dentro de las políticas públicas y de los nuevos Planes Territoriales Autónomos de Desarrollo que actualmente elaboran los gobiernos departamentales y municipales.
«La conservación debe dejar de ser solamente un proyecto o una campaña de educación ambiental. Necesitamos que forme parte de la planificación del desarrollo y de las políticas públicas», enfatizó.
Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que la participación no está restringida únicamente a organizaciones ambientalistas. Andrea Álvarez explicó que cualquier institución, empresa privada, cooperativa, entidad financiera, organización social, colectivo ciudadano o grupo de voluntarios interesado en aportar a la conservación podrá incorporarse a la Plataforma una vez concluya su proceso de organización interna.
La intención es construir alianzas con instituciones que ya trabajan en territorio, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), gobiernos municipales, universidades y empresas privadas que deseen apoyar acciones de conservación con una visión de largo plazo.
La Plataforma concentrará durante este semestre su mayor esfuerzo en consolidar su estructura interna y posteriormente iniciar un proceso de acercamiento con autoridades, academia e instituciones públicas.
Entre las primeras acciones previstas se encuentran programas de capacitación para los integrantes de la Plataforma y funcionarios públicos, orientados a fortalecer la incorporación de criterios de conservación en la planificación territorial.
Álvarez señaló que el momento es oportuno porque actualmente los gobiernos autónomos se encuentran elaborando sus nuevos planes de desarrollo, lo que representa una oportunidad para incluir la protección de la biodiversidad como un eje transversal.
La Plataforma informó que aún continúa recibiendo nuevos integrantes, especialmente colectivos ambientales, organizaciones juveniles, activistas y ciudadanos interesados en aportar a la protección de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos de Tarija.
Mientras se habilitan las redes sociales oficiales de la Plataforma, la información sobre el proceso continúa difundiéndose a través de LIDEMA, la Agencia de Noticias Ambientales (ANA Bolivia) y las organizaciones que forman parte de esta iniciativa.
Los impulsores destacaron que el éxito de la Meta 30×30 dependerá no solo del trabajo de las instituciones, sino también del compromiso de la sociedad civil para promover, acompañar y fiscalizar la incorporación de la conservación dentro de las políticas públicas del país.
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