FRACCIONAMIENTOS ILEGALES COMPROMETEN AGUA Y TURISMO EN EL VALLE CENTRAL
Ante la creciente proliferación de loteamientos y urbanizaciones en áreas rurales del Valle Central, la Brigada Parlamentaria de Tarija anunció gestiones formales ante autoridades nacionales para frenar el fraccionamiento de tierras agrícolas que estaría afectando fuentes de agua, zonas productivas y el paisaje vitivinícola del departamento.
En entrevista con medios locales, la parlamentaria Adriana Aguirre confirmó que se solicitó una audiencia conjunta con el Viceministerio de Tierras y el Viceministerio de Autonomías, con el objetivo de exponer la problemática y exigir medidas inmediatas.
“Estamos hablando de un fenómeno que está preocupando muchísimo a la población tarijeña. Estos loteamientos están afectando principalmente nuestras fuentes de agua, la frontera agrícola y la seguridad alimentaria del Valle Central”, señaló Aguirre.
La legisladora explicó que el problema no se trata de avasallamientos, sino de fraccionamientos de pequeñas propiedades agrícolas que posteriormente derivan en urbanizaciones en áreas rurales, muchas de ellas sin planificación territorial adecuada.
Según indicó, existiría una presunta autorización desde la unidad de catastro rural del INRA para el registro de fraccionamientos que luego son inscritos en Derechos Reales como copropiedades, permitiendo la consolidación de urbanizaciones.
“La Constitución y la Ley INRA prohíben el fraccionamiento de la pequeña propiedad agrícola. Sin embargo, se están conformando urbanizaciones en áreas rurales, donde incluso se desvían quebradas y se tapan cauces naturales”, advirtió.
Los municipios de Cercado, Uriondo y Méndez estarían entre los más afectados, particularmente en zonas cercanas a la campiña vitivinícola y la Ruta del Vino.
El Valle Central forma parte del entorno productivo y paisajístico vinculado a la Reserva Biológica Cordillera de Sama y a la tradicional ruta vitivinícola del departamento. Para Aguirre, la expansión urbana sin control compromete no solo la producción agrícola, sino también el modelo turístico basado en naturaleza y paisaje.
“Dentro del turismo está la protección de nuestras fuentes de agua, de nuestros ríos y quebradas. Si afectamos la campiña tarijeña, estamos afectando directamente uno de nuestros principales atractivos económicos”, afirmó.
Productores de zonas como Tolomosa y San Andrés ya habrían expresado su preocupación por la presión sobre el agua de riego y el cambio de uso de suelo.
Entre las acciones anunciadas, la Brigada Parlamentaria solicitará una intervención y auditoría al INRA departamental Tarija; la emisión de resoluciones administrativas que frenen nuevos registros de fraccionamientos, la revisión del rol de Derechos Reales en la inscripción de copropiedades y la coordinación con municipios para reforzar la prohibición de construcciones en áreas rurales no aptas.
“Lo inmediato es detener esta situación mientras se realiza una evaluación técnica. Son varios los actores involucrados y necesitamos decisiones políticas claras desde el nivel nacional”, sostuvo Aguirre.
Asimismo, la legisladora exhortó a la ciudadanía a no adquirir terrenos en áreas rurales que no estén plenamente regularizados.
“Exhorto a las personas que están siendo motivadas a comprar terrenos en áreas rurales que no lo hagan. No cumplen con la norma y podrían estar asentándose en terrenos no aptos para construcción, afectando además nuestras fuentes de agua”, alertó.
La Brigada también prevé impulsar campañas de información dirigidas a inmobiliarias y potenciales compradores, a fin de evitar estafas o ventas irregulares que generen futuros conflictos legales y ambientales.
“Esto es una cuestión de todos los tarijeños. Defender el Valle Central es defender nuestra agua, nuestra producción y nuestro futuro”, concluyó Aguirre.
La reunión con autoridades nacionales fue solicitada para los próximos días, y se espera que de ella surjan medidas concretas para proteger el territorio rural del departamento.