El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la localidad de Entre Ríos, emitió una resolución de rechazo a la segunda denuncia penal interpuesta por la empresa Petrobras contra 17 defensores y defensoras ambientales de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, al establecer que no existen elementos suficientes para sustentar una imputación formal.
La información fue confirmada por el abogado Roger Ibarra, quien ejerce la defensa legal de diez de las personas denunciadas, durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Tarija. El jurista explicó que la determinación fiscal se basa en lo dispuesto por el artículo 304, numeral 3, del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, que faculta el rechazo de una denuncia cuando no se cuenta con pruebas suficientes para avanzar a la etapa de imputación.
“El Ministerio Público ha determinado que no existen elementos probatorios que permitan fundar una imputación formal. Petrobras no ha presentado pruebas testificales, documentales ni periciales que acrediten la responsabilidad penal de los comunarios denunciados”, señaló Ibarra, aclarando que esta resolución favorece a las 17 personas procesadas en este segundo caso.
El abogado precisó que, conforme al procedimiento legal, Petrobras deberá ser notificada formalmente con la resolución de rechazo y, a partir de ello, cuenta con un plazo de cinco días para presentar una objeción. De concretarse esta acción, el caso pasará a conocimiento del Fiscal Departamental de Tarija, quien deberá ratificar o revocar la decisión. “Si el rechazo es ratificado, este proceso penal quedará definitivamente concluido”, explicó.
Defender la vida no es delito
Desde la Reserva de Tariquía, la comunaria y defensora ambiental María Nelly Coca expresó que la resolución fue recibida con alivio, esperanza y fortaleza por parte de las familias procesadas. “Para nosotros es una alegría, porque lo único que estamos haciendo es defender la vida y el agua. Por defender la vida hemos sido procesados, algo totalmente injusto”, manifestó.
Coca remarcó que la lucha de las comunidades no responde a intereses particulares, sino a la defensa de un bien común. “Esta reserva no es solo de los comunarios, es de toda Bolivia. Sin agua no hay vida, y el progreso no puede venir de la mano de la destrucción”, afirmó, cuestionando el discurso que asocia las actividades hidrocarburíferas con desarrollo.
La defensora ambiental destacó el respaldo creciente de la sociedad civil, organizaciones sociales, periodistas, instituciones defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general, señalando que el conflicto en Tariquía se ha transformado en una causa nacional. “Tarija ha despertado, Bolivia ha despertado. La gente se está dando cuenta de que se nos está acabando
Durante la entrevista, Coca denunció que la problemática actual ha generado una profunda fragmentación social al interior de las comunidades, una situación que se arrastra desde 2019. “Antes éramos una sola familia. Hoy hay padres contra hijos, vecinos que ya no se hablan. Es un daño muy profundo que ha causado la división promovida por las empresas”, lamentó.
Asimismo, cuestionó la falta de diálogo por parte del Gobierno y las autoridades competentes, señalando que hasta la fecha ninguna autoridad nacional o departamental se ha acercado a las comunidades para entablar un proceso de conversación. “Las autoridades están en silencio. Seguimos firmes en la defensa de nuestra reserva y no vamos a bajar los brazos hasta que los contratos con estas empresas sean abrogados y se vayan de nuestro territorio”, afirmó.
Si bien las comunidades han levantado temporalmente los puntos de vigilia tras semanas de movilización constante, Coca aclaró que la lucha continúa. “No estamos tranquilos. Mientras la empresa siga aquí y no se anulen los contratos, la amenaza sigue latente”, enfatizó.
El abogado Roger Ibarra hizo énfasis al primer proceso penal contra comunarios y defensores de Tariquía que se encuentra en una etapa más avanzada. En ese caso, la Fiscalía ha presentado una acusación formal y se espera que, una vez concluidas las vacaciones judiciales, el proceso sea remitido al Tribunal de Sentencia de Entre Ríos para la fijación de fecha del juicio oral, lo que podría ocurrir entre finales de marzo y abril.
En ese proceso, Petrobras y YPFB figuran como supuestas víctimas y deberán presentar su acusación particular y pruebas de cargo, mientras que la defensa prepara su estrategia legal para demostrar la inocencia de los acusados.
Las comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía reiteraron que mantendrán su postura de defensa del territorio, el agua y la vida, señalando que la criminalización de defensores ambientales no resolverá el conflicto de fondo y que el respeto a las áreas protegidas es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad boliviana.