En una acción decisiva que pone en el centro la defensa de los derechos colectivos y el medioambiente, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz con el objetivo de suspender los efectos de los contratos de industrialización del litio recientemente aprobados por el Estado boliviano.
Esta decisión responde a una serie de observaciones jurídicas, técnicas y ambientales que ponen en duda la legalidad y legitimidad de estos contratos, firmados con una marcada celeridad, sin que se hayan cumplido con los procedimientos establecidos por la normativa nacional e internacional.
“Estamos frente a una situación que preocupa profundamente. La aprobación de estos contratos se ha hecho sin contar con estudios ambientales integrales, particularmente sobre la disponibilidad hídrica de las regiones afectadas, y sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades directamente involucradas”, declaró Cecilia Bolívar, representante de la Defensoría del Pueblo, en entrevista con el programa El Faro.
La Defensoría advierte que no se han presentado estudios hidrogeológicos que garanticen la sostenibilidad ambiental del proyecto, lo que representa un grave riesgo en regiones como Potosí, que ya enfrentan tensiones por el uso de recursos naturales. Asimismo, denuncia la exclusión de la institución de debates legislativos relacionados con estos contratos, vulnerando su rol constitucional como defensora de los derechos humanos en Bolivia.
Además, la ausencia de procesos de consulta previa a comunidades indígenas y campesinas, un derecho reconocido tanto por la Constitución Política del Estado como por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, constituye una grave vulneración que podría derivar en responsabilidad internacional para el Estado.
“No solo se ha ignorado la voz de quienes viven en los territorios, sino que se los ha invisibilizado en un proceso que los afecta directamente. Esto es inaceptable y vulnera principios fundamentales de participación y autodeterminación”, nos dice Bolívar.
La Defensoría del Pueblo ha informado que el caso ya ha sido puesto en conocimiento de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde Bolivia ya ha sido observada por situaciones similares en audiencias previas sobre la defensa de derechos ambientales.
“Cuando un Estado firma tratados internacionales lo hace de manera soberana y voluntaria, y por tanto tiene la obligación de cumplirlos. Si no lo hace, proyecta una imagen negativa ante la comunidad internacional y se expone a consecuencias políticas y diplomáticas”, explicó Bolívar.
Este tipo de omisiones no solo deterioran la imagen de Bolivia como país respetuoso de los derechos humanos, sino que podrían afectar negativamente la cooperación internacional y el financiamiento externo, especialmente en temas vinculados al medioambiente y desarrollo sostenible.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada el 28 de julio de 2025, y según los plazos legales correspondientes, se espera una respuesta judicial en los próximos días. La Defensoría confía en que el juzgado agroambiental actuará con la responsabilidad debida y valorará los antecedentes positivos de otros casos similares, como los ocurridos en Tariquía (Tarija).
“Nuestro rol no se agota en pronunciamientos. Hemos actuado en vía judicial, hemos activado mecanismos internacionales, y estamos haciendo un seguimiento riguroso para garantizar que estos derechos no sigan siendo vulnerados”, concluyó Bolívar.
La Defensoría del Pueblo también ha solicitado que se detenga el tratamiento legislativo de los proyectos de ley vinculados al litio hasta que se establezca una normativa más clara que garantice transparencia, participación y responsabilidad ambiental.
Con la mirada puesta en el largo plazo, la institución señala que la industrialización del litio no puede realizarse a costa de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental ni la dignidad de las comunidades originarias.