«INCENDIOS EN LA RESERVA DE SAMA: UNA TRAGEDIA ANUNCIADA Y RECURRENTE

Ante los recientes incendios que afectan a la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, el ambientalista Alfonso Blanco expresó su preocupación por la falta de prevención, institucionalidad y acción efectiva en torno a una problemática que, año tras año, amenaza el patrimonio natural y la fuente principal de agua del Valle Central de Tarija.

Durante una entrevista en el programa El Faro, Blanco calificó la situación como “una tragedia recurrente”, recordando que los incendios forestales en la región no son hechos aislados ni impredecibles. “Sabemos cuándo y dónde ocurren, sabemos las condiciones climáticas que los propician, y sin embargo seguimos improvisando cada año”, afirmó.

La Reserva de Sama, una de las 23 áreas protegidas nacionales, abarca más de 108 mil hectáreas y es administrada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Según Blanco, la escasa dotación de recursos —tanto humanos como financieros— impide una gestión efectiva. “Solo seis guardaparques están asignados a toda la reserva. Es una cifra absolutamente insuficiente”, denunció.

Además de destacar la precariedad del equipamiento de los guardaparques bomberos voluntarios y la falta de presupuesto para el funcionamiento de la Reserva de Sama (solo se asigna un tercio del monto necesario), Blanco hizo un llamado a la prevención como estrategia clave. “Los incendios no se apagan con discursos. Se apagan con prevención, con sistemas de alerta comunitaria, y con institucionalidad permanente, no improvisada”.

También señaló que la mayoría de estos incendios tienen origen humano, ligados a prácticas agrícolas como la quema de barbecho. En ese sentido, propuso implementar sistemas de alerta temprana basados en redes comunitarias de comunicación, que permitan advertir y restringir quemas en periodos de alto riesgo.

Finalmente, el ambientalista recordó que la Reserva de Sama no solo alberga biodiversidad, sino que también provee agua potable a más de 300 mil personas. “Estamos viendo arder nuestra fuente de agua, y aun así seguimos sin asumir la magnitud del problema”.

Blanco valoró algunas iniciativas recientes, como la creación de fondos municipales de agua y el compromiso del gobierno municipal de Tarija, Ong’s y algunas empresas privadas. No obstante, reiteró que la responsabilidad principal recae en el Estado: “La gestión de las áreas protegidas es un tema de Estado, no de reacción mediática”.

La emergencia ambiental en la Reserva de Sama ha reavivado el debate sobre la falta de políticas preventivas, equipamiento y coordinación institucional ante incendios forestales que afectan año tras año al Valle Central de Tarija.

“No cuesta mucho instalar un sistema de alertas automatizadas con sensores, inteligencia artificial y redes sociales. Cuando se combinan altas temperaturas, baja humedad y vientos fuertes, el sistema debería activarse de inmediato y llegar a la población por WhatsApp, Facebook, mensajes directos”, señaló Blanco.

Este tipo de tecnologías ya son utilizadas en países como Japón y Rusia para anticipar tsunamis o terremotos, pero en Bolivia aún se depende de mecanismos manuales o reacciones tardías.

“Hay más de 500 personas combatiendo el fuego. Muchos están en riesgo sin protección. ¿Cómo es posible que cada año se repita la historia y no estemos listos?”, cuestionó.

Blanco propuso contratar brigadas temporales en los puntos críticos durante los meses de mayor riesgo previo a los meses de agosto, septiembre y octubre, con logística y recursos económicos y un equipo de vigilancia permanente.

“Todos los años sabemos dónde y cuándo ocurrirán los incendios. No es sorpresa. Pero cada vez llegamos tarde. Falta planificación, institucionalidad y voluntad política”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a crear una política de prevención real y efectiva, con recursos asignados previamente y un enfoque coordinado.

“No podemos seguir improvisando. Se necesita una respuesta estructural, no simbólica. Y la población debe ser parte del sistema de alerta y prevención”, concluyó.

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