A nueve meses del proceso penal iniciado por YPFB y Petrobras Bolivia contra comunarios de Chiquiacá y Tariquía, que somos defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el proceso sigue abierto, ignorando estas empresas los compromisos internacionales en materia de DDHH que han asumido los Estados de Bolivia y Brasil para proteger a los defensores ambientales y el medioambiente. Es más, recientemente estas empresas han vuelto a demostrar su actuación añuda contra los defensores de Tariquía, tratando de impugnar la decisión del juez de Entre Ríos quien dictaminó, el pasado 24 de junio, que los procesados se defiendan en plena libertad. Menos mal que un juez de la Sala Penal II del Juzgado Departamental de Tarija denegó esa apelación debido a fallos procedimentales.
Lo grave de este último hecho es que YPFB y Petrobras —ambas empresas estatales, por tanto, sujetos de obligaciones en materia de DDHH— persisten con la persecución judicial contra nosotros, campesinos que defendemos nuestro territorio, el agua y el medioambiente; un patrimonio natural de todos los bolivianos
llamado Tariquía.
Peor aún en este caso, son estas mismas empresas las que, además de criminalizarnos, hostigan y chantajean a nuestras comunidades; hacen promesas inverosímiles y asumen engañosamente el rol de proveedoras de servicios básicos, generando divisiones y entrometiéndose en la vida interna de nuestras
comunidades y organizaciones. Mellan la dignidad de las familias campesinas ofreciendo dádivas a cambio de que aceptemos pasivamente el ingreso de las empresas petroleras al territorio, chantajeándonos, aprovechándose de nuestra situación de necesidad y vulnerabilidad. Y las autoridades estatales son
cómplices de estos atropellos. La violencia contra los defensores ambientales proviene de las propias empresas estatales y otras entidades públicas.
Y, pese a que el gobierno habla y se regocija de los “exitosos resultados” de los pozos exploratorios en Churumas, no dice nada de los graves impactos ambientales de estos proyectos al estar emplazados en la zona núcleo de la Reserva, la zona más frágil y ecológicamente más valiosa; ni tampoco dice nada de tantos hechos de violencia contra las familias de Churumas que la imposición de estos pozos exploratorios ha traído consigo desde el año 2022.
Este cúmulo de hechos de violencia contra los defensores ambientales en Tariquía es muestra patente de una actuación de estas empresas totalmente contraria a los compromisos y obligaciones que los estados de Bolivia y Brasil han asumido para proteger los derechos ambientales y, particularmente, proteger a los
personas y organizaciones que defienden el medioambiente y el patrimonio natural.
Además del Acuerdo de Escazú, la reciente Opinión Consultiva 32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente estas obligaciones de los Estados:
En virtud del derecho a defender los derechos humanos, los Estados tienen un deber especial de protección hacia los defensores de los derechos ambientales que se traduce en obligaciones concretas, incluyendo, entre otros aspectos, protegerlos, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas e intimidación en su contra, y contrarrestar la “criminalización” de la defensa del medio ambiente… (OC 32/25, párr. 18, p. 232).
En virtud de estas obligaciones estatales:
- Exigimos que las empresas YPFB y Petrobras cesen el injusto proceso penal contra los defensores ambientales de Tariquía.
- Demandamos a las entidades estatales y de la sociedad civil en Bolivia y Brasil, que directamente tienen competencia en materia de DDHH, interpongan sus oficios para detener la criminalización contra los Defensores Ambientales de Tariquía, tanto en el Cantón Chiquiacá como en Tariquía y Churumas.
- Convocamos a los actores regionales en el departamento de Tarija a asumir los roles que les corresponden para frenar la violencia contra las comunidades de Tariquía y particularmente los defensores criminalizados.
- Alertamos a la sociedad civil a tomar en cuenta que mantenga una posición crítica frente al aumento de los atropellos que va a implicar la intensificación de las actividades de exploración de gas y petróleo, dada la crisis de los carburantes, pues ninguno de los candidatos a la presidencia ha mostrado hasta
ahora un compromiso claro para proteger los DDHH y el medioambiente como un derecho. Y no se debe resolver esta crisis de los carburantes destruyendo las áreas protegidas y trayendo más violencia a las comunidades que habitamos en ellas. - Llamamos a las organizaciones internacionales de DDHH a tomar conocimiento y pronunciarse ante estas injustas violencias contra las comunidades de Tariquía y las graves incoherencias de los Estados de Bolivia y Brasil que, en este caso, están incumpliendo de manera flagrante sus compromisos para
con la protección a los defensores del medioambiente.
¡Los defensores del patrimonio ambiental, el agua y la Naturaleza no deben ser criminalizados!
¡Luchar por el Territorio es luchar por la Vida!!!