Mientras el niño que acaba de cumplir 11 años lucha por su vida intubado y en una sala de terapia intensiva de Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo exige identificar a los funcionarios públicos que no brindaron la atención correspondiente al infante que fue víctima de violación por parte de cuatro hermanos en Yapacaní.
“Hay que establecer responsabilidades de todos los servidores públicos que hubiesen intervino o conocido y no accionado las medidas de protección y restauración de salud, en el contacto que este caso ameritaba”, dijo Nadia Cruz, representante de la Defensoría del Pueblo. Esta semana se hizo público que un niño de 10 años fue víctima de violación múltiple en el municipio cruceño de Yapacaní. Los acusados son cuatro hermanos.
La autoridad confirmó que el caso fue reportado hace más de un año, pero observa una “inacción” de las autoridades correspondientes, entre estas apuntaron a las policiales y del Ministerio público. “Desde mayo hasta junio de este año hay un abandono de los estudios al menor, hay un deterioro de la salud del infante y hay una inacción en la investigación, pues no se pide la complementación de la investigación”, lamentó.
Cruz señaló que aún se realizan las investigaciones y no descartó que existan más víctimas. Esta semana, la familia de otra víctima denunció que no encontró justicia en el país, por lo que decidió vivir en el exterior. La segunda víctima se trata de otro menor que fue víctima de violación desde los 8 años y también fue infectado por VIH/Sida, pero recibe un tratamiento en otro país.
Desalojo Los vecinos Yapacaní determinaron en una junta la expulsión de la familia Salazar Téllez, además piden a las autoridades nacionales endurecer la ley para los violadores, infanticidas y feminicidas, e implementar la cadena perpetua. Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, la familia de los denunciados abandonó su vivienda.
En tanto, ayer también apareció la esposa de uno de los sindicados de violación quien es considerada testigo clave para la investigación, la misma está siendo protegida por el Ministerio Público, dijo el director de Servicios Integrales de Justicia, Aldo Torres. “Ella fue amenazada de muerte, por este motivo se le otorgará las medidas de protección”, dijo la autoridad.
Fuente: Los Tiempos
