Solo siete minutos necesitó el juez principal de la Corte de Westminster Paul Goldspring para dictar la extradición del periodista Julian Assange, tras dar credibilidad a las garantías de Estados Unidos de que el fundador de WikiLeaks “tendrá un juicio justo” en el mismo país cuyos servicios de inteligencia planificaron su asesinato en 2017.
No obstante, este no es el final de la batalla legal para revertir el statu quo del periodista, ya que aún quedan vías de acción que demorarán la solución final unos cuantos meses.
Como señala Aitor Martínez, abogado del equipo jurídico de Julian Assange y WikiLeaks, “efectivamente, aún quedan muchos elementos jurídicos de la extradición que serán apelados y dilucidados en las diferentes instancias de Reino Unido”.
Posibles apelaciones
De momento la sentencia dictada por la Corte de Londres ya ha sido enviada a la polémica ministra del Interior británica Priti Patel quien, como ya sucediera con el caso Pinochet en el 2000, deberá ser en este caso quien dicte la decisión última de extraditar o no al reo, independientemente de lo que decida la justicia británica.
Martínez, del bufete Iload que dirige Baltasar Garzón, apunta a que “la extradición pasa ahora a una fase gubernativa, en la cual el gobierno británico debe pronunciarse sobre la extradición. En esta fase pueden esgrimirse diversas causales que bloqueen la entrega, como es, por ejemplo, el principio de especialidad, es decir, el temor de que una vez fuese entregado a EEUU pudiera proceder por otras causas penales que no hayan sido sometidas a extradición, algo que parece evidente”.
Asimismo, señala el abogado que “al margen del elemento de la situación humanitaria y las garantías de EEUU, aún quedan muchos puntos jurídicos que pueden ser apelados en lo que se conoce como cross appeal.
“Entre otros -explica el abogado-, el hecho de que se trata de una persecución que no se sostiene sobre ningún hecho delictivo, sino que se trata de una mera persecución política; o la vulneración que la persecución supone para el legítimo derecho a la libertad de prensa, ya que la acción de publicar información veraz sobre crímenes de guerra no puede ser considerada penalmente”.
Por otra parte, el abogado de Julian Assange señala que hay más elementos objeto de apelación, como “lo relativo al principio de proporcionalidad, atendiendo a que se dilucidan potenciales penas de 175 años de cárcel bajo la Ley de Espionaje contra un periodista que simplemente desplegó su labor como tal; o el abuso de la extraterritorialidad penal, ya que la jurisdicción norteamericana persigue a un ciudadano extranjero, por publicar en el extranjero; o diversos aspectos relacionados con el despliegue de herramientas brutales de espionaje contra Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, planeando incluso su asesinato, como ha sido revelado en la prensa estadounidense”.
Periodista o pirata informático
La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.
Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.
Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.
El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar.
Assange se halla detenido en la prisión de Belmarsh desde su espectacular detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.
La defensa de Assange tendrá ahora hasta el 18 de mayo para presentar alegaciones a Patel, con la esperanza de que esta autorice un último recurso. O podrían intentar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos del caso.
