Abogada ambiental advierte que el área protegida municipal de Tarija continúa bajo presión de asentamientos y construcciones, mientras permanecen pendientes acciones judiciales de protección.
La protección del área municipal Bosques de Aranjuez, en Tarija, vuelve a generar preocupación ante la falta de cumplimiento efectivo de las medidas cautelares ambientales que buscan preservar este espacio natural. Pese a que existe una resolución judicial vigente y confirmada, las construcciones continúan avanzando y las acciones de protección todavía no se concretan plenamente.
Así lo advirtió Cintia Mealaya, abogada especialista en temas ambientales, durante una entrevista en el programa El Faro. Periodismo, Ambiente e Innovación, donde informó sobre la situación actual de este espacio natural y las obligaciones que debe cumplir el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
Mealaya explicó que la acción cautelar ambiental fue planteada en junio de 2024 con el objetivo de evitar que continúe el deterioro de Bosques de Aranjuez, un área protegida municipal que originalmente comprendía aproximadamente 90 hectáreas y de la cual actualmente quedarían cerca de 49 hectáreas.
La importancia ambiental de este espacio radica, entre otros aspectos, en su función como área de recarga hídrica y su relación con el río Guadalquivir, al que aporta agua subterránea y superficial.

Tres acciones de protección que siguen pendientes
De acuerdo con la abogada, entre las principales disposiciones que debe cumplir el municipio están la delimitación física del área protegida y de las franjas de protección del río Guadalquivir mediante la instalación de mojones y señalización; la implementación efectiva del plan de manejo, con una zonificación visible en el territorio; y la reforestación de las áreas que requieren recuperación ambiental.
Sin embargo, señaló que estas acciones continúan pendientes o presentan avances insuficientes. Aunque el municipio habría presentado un plan de manejo dentro del expediente judicial, todavía no se evidenciaría su aplicación concreta en el terreno.
La situación resulta especialmente preocupante por el avance de las construcciones. Según Mealaya, al momento de plantearse la medida cautelar se identificaban alrededor de 12 construcciones adicionales, mientras que actualmente se contabilizarían cerca de 30.
La especialista recordó que la medida cautelar establece la prohibición de nuevas intervenciones o innovaciones en las construcciones, disposición que, según su evaluación, no estaría siendo respetada.
Una resolución judicial que debe traducirse en acciones
Mealaya explicó que la resolución judicial fue objeto de recursos y solicitudes de revisión, pero finalmente se mantuvo confirmada, por lo que tanto la medida cautelar como la normativa municipal de protección continúan vigentes.
Advirtió que la demora en ejecutar las medidas puede provocar que los riesgos ambientales se conviertan en daños difíciles de revertir.
También aclaró que la discusión no se centra en desconocer los derechos propietarios de las personas, sino en garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el uso del suelo dentro de un área protegida.
La abogada cuestionó la falta de intervención municipal y señaló que incluso se habrían desarrollado iniciativas vecinales, como la habilitación de un parque infantil y la organización de un barrio denominado El Mirador de Aranjuez, sin que se evidencie una intervención efectiva de la autoridad municipal en la protección integral del área.
Finalmente, planteó que Bosques de Aranjuez podría convertirse en una oportunidad para desarrollar un proyecto de parque urbano, turístico y ambiental, incorporando iniciativas de economía circular y alternativas económicas para las personas que habitan en la zona.
Desde El Faro. Periodismo, Ambiente e Innovación se buscará conocer la posición del Gobierno Municipal de Tarija sobre el cumplimiento de la resolución judicial, el estado de aprobación y ejecución del plan de manejo y el funcionamiento del comité de gestión del área protegida.
La defensa de Bosques de Aranjuez no solo representa la protección de un espacio verde urbano, sino también la preservación de un ecosistema vinculado a la seguridad hídrica y ambiental de Tarija.

