RESERVA Y TERRITORIO EN RIESGO: DENUNCIAN USO DE LA FUERZA PARA PERMITIR INGRESO PETROLERO

Comunarios del cantón Chiquiacá, en la provincia O’Connor, denunciaron este lunes el ingreso de más de 40 efectivos policiales y empresas subcontratistas a la zona de vigilia ubicada en el sector Quebrado de las Vacas, sin que exista consulta previa, libre e informada, tal como establece la normativa nacional e internacional.

La denuncia fue realizada por María Nelly Coca, comunaria y defensora del territorio, quien informó que desde diciembre del año pasado las comunidades mantenían turnos de vigilia ante rumores del ingreso de empresas petroleras durante las fiestas de fin de año.

“Pasamos Navidad y Año Nuevo en la carretera, bajo la lluvia, cuidando nuestro territorio. Sabíamos que iban a intentar entrar aprovechando los días festivos”, señaló.

Según Coca, la mañana de este lunes la comunidad fue sorprendida por un contingente policial que, lejos de garantizar el diálogo, actuó con violencia. “Nos alzan como si fuéramos muñecos de trapo. La policía está defendiendo intereses transnacionales y no a su propia gente”, denunció.

Coca afirmó que no existió ningún proceso real de consulta previa, pese a que las empresas y autoridades presentan documentación que, según ella, sería irregular.

“Las ocho comunidades de Chiquiacá hemos dicho no al ingreso de petroleras. Se han pasado por encima de resoluciones, actas y votos resolutivos desde 2019”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que las tierras donde se pretende ingresar presentan conflictos de propiedad y que incluso la licencia ambiental sería ilegal. “Si todo estuviera en regla, no actuarían como ladrones”, enfatizó.

Otro de los hechos que generó preocupación es la notificación de un requerimiento fiscal contra comunarios que participan de la vigilia, acusándolos de conformar una supuesta organización delictiva.

“Ahora resulta que defender el agua, la vida y el medioambiente es ser delincuente”, cuestionó Coca.

Por su parte, el concejal Rodrigo Altamirano, quien se hizo presente en el lugar, lamentó la falta de voluntad política para abrir espacios de diálogo y cuestionó que las decisiones se estén imponiendo mediante la fuerza.

“Se está persiguiendo a tarijeños por defender su territorio. Hemos pedido diálogo, suspensión de procesos y respeto a los votos resolutivos de Chiquiacá, pero la respuesta ha sido negativa”, afirmó.

Altamirano también alertó que las empresas que ingresan a la zona no son locales y que la riqueza generada no beneficiará a la provincia. “La provincia O’Connor sigue abandonada, mientras sus recursos se van a otros departamentos”, indicó.

Tanto comunarios como autoridades locales reiteraron su llamado al diálogo, al respeto de los derechos humanos y a la protección de la Reserva de Tariquía y sus zonas de influencia.

“Llegar con policías y gases no es el camino. Aquí hay gente que quiere conversar y buscar soluciones justas”, concluyó Altamirano.

Las comunidades anunciaron que se mantendrán en vigilia y atentas a las decisiones que se tomen en las próximas horas, mientras organizaciones de derechos humanos ya realizan seguimiento a los hechos denunciados.

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