Periodistas bolivianos destapan red ilegal de tala y comercio de especies valiosas desde el departamento de Pando. La madera boliviana termina siendo exportada como producto legal peruano a Estados Unidos, China y Europa.
Una investigación liderada por la periodista Erika Balla, junto a sus colegas Eduardo Franco Bertón y Soledad Gutiérrez, ha revelado el funcionamiento de una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de madera entre Bolivia y Perú. El trabajo forma parte de un esfuerzo colaborativo de la Red Ambiental de Información y la alianza internacional Amazon Underworld.
El foco de la investigación estuvo en el departamento de Pando, especialmente en la zona de Manuripi, un área protegida de riqueza forestal inigualable. Allí, maderas valiosas como roble, mara (caoba), camarú y cedro están siendo saqueadas por redes peruanas que operan en complicidad con comunidades bolivianas.
“Entran al bosque como si fuera un supermercado. Eligen los árboles en pie y los compran directamente a las comunidades locales”, explicó Erika Baya.
Los traficantes peruanos cruzan la frontera para adquirir árboles milenarios directamente en territorio boliviano. En el lugar mismo los talan, procesan en tablones y los transportan en camiones ‘triple’, vehículos que originalmente ingresaron como chatarra a Ecuador y luego fueron reacondicionados para evadir controles.
Lo más alarmante del hallazgo es cómo esta madera obtenida ilegalmente termina siendo «legalizada» en territorio peruano mediante guías forestales falsificadas o basadas en concesiones inexistentes.
“Es una legalidad dentro de la ilegalidad. Usan documentos que parecen válidos para blanquear la madera”, denunció Bayá.
Estas guías, que deberían garantizar la trazabilidad del producto forestal, son la llave para exportar la madera boliviana como si fuera peruana. Así, los productos terminan en mercados internacionales como Estados Unidos, China y países europeos, bajo la falsa fachada de legalidad.
La investigación también documenta el absoluto abandono estatal en las zonas fronterizas. Las instituciones encargadas del control forestal, como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el SERNAP, operan con personal reducido, sin recursos y con gran riesgo personal.
“En Pando, la ABT tiene apenas ocho funcionarios, y solo uno fiscaliza. En una incautación reciente, el propio director puso su vehículo personal para llevar a cabo el operativo, que terminó con amenazas de muerte”, relató Baya.
A este desamparo institucional se suma el abandono de las comunidades locales, que viven sin acceso adecuado a salud, educación ni caminos, lo cual las empuja a formar parte —muchas veces de forma forzada o por necesidad— de las actividades ilegales.
A diferencia de la deforestación masiva causada por monocultivos, este tráfico realiza una deforestación selectiva, apuntando a especies de alto valor comercial. La periodista advierte que esta práctica ya ha llevado a la casi extinción de la mara en la región.
“Especies que antes no eran valiosas, ahora lo son porque ya se extinguieron las más codiciadas. Vamos subiendo en una lista de destrucción”, alertó.
El reportaje, publicado en vísperas de un cambio de gobierno en Bolivia, pone en evidencia un vacío en la agenda política: la seguridad y soberanía en las fronteras.
“Los candidatos deben mirar hacia las fronteras. No podemos seguir ignorando que ahí se está perdiendo soberanía, recursos y vidas”, sentenció Baya.
Erika Baya finalizó con un mensaje claro: el 92% del territorio de Pando aún conserva su bosque. «No sigan el modelo de Santa Cruz y sus monocultivos. El verdadero desarrollo está en conservar el bosque», dijo.
El tráfico ilegal de madera es un crimen ambiental, económico y político. Lo que ocurre en las fronteras de Bolivia con Perú revela una red bien articulada de tala ilegal, corrupción, abandono institucional y complicidad local, todo ello al servicio de intereses transnacionales que terminan lucrando con los recursos naturales de un país forestal como Bolivia.