Representantes del pueblo guaraní y del pueblo Ayoreo en Bolivia han emitido un nuevo y contundente pronunciamiento en rechazo absoluto a la construcción de un tramo carretero proyectado entre Roboré y la frontera con Paraguay. La obra pretende atravesar territorios indígenas ancestrales y áreas de conservación fundamentales para la vida de los pueblos Ayoreos en aislamiento voluntario, violando derechos constitucionales y normas internacionales de protección a pueblos indígenas.
El abogado y activista Leonardo Tamburini —referente en la defensa de pueblos indígenas— detalló los múltiples riesgos asociados al proyecto, alertando sobre las graves implicancias legales, ambientales y humanas.
“No estamos hablando solo de un territorio, sino de la vida misma de familias que han decidido permanecer sin contacto con el mundo exterior. Esta carretera partiría su hábitat ancestral, exponiéndolos a enfermedades, desplazamiento forzado e incluso la extinción”, advirtió Tamburini.
Explicó que esta carretera afectaría directamente al área de conservación Ñembi Guasu, y a parques nacionales como Kaa-Iya del Gran Chaco y Otuquis, territorios por los que transitan familias del pueblo Ayoreo Totobiegosode, un grupo indígena transfronterizo en situación de contacto inicial o aislamiento voluntario, que habita entre Bolivia y Paraguay.
“Estamos ante una amenaza directa a la vida de los Ayoreos en aislamiento. Esta carretera partiría en dos su territorio ancestral y pondría en grave riesgo su supervivencia. Ellos han decidido vivir sin contacto con la sociedad, un derecho protegido por la Constitución y la Ley 450”, afirmó Tamburini.
¿Una carretera sin consulta, sin estudios y con intereses privados?
La vía propuesta no forma parte de ningún plan nacional ni departamental oficialmente registrado. Según Tamburini, el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, figura como uno de los principales impulsores del proyecto. Existen señalamientos de que una empresa vinculada al mismo estaría interesada en ejecutar la construcción. Además, sectores ganaderos del Alto Paraguay y grupos privados de Santa Cruz estarían gestionando financiamiento externo para avanzar con la obra.
“Estamos hablando de una carretera sin estudios de impacto ambiental, sin ingeniería aprobada y sin consulta previa. Lo único que existe es una intención política y privada de abrir una ruta que atraviese áreas protegidas y territorios indígenas”, denunció Tamburini.
El pronunciamiento en contra no es nuevo: en 2024, la Asamblea Interpersonal de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae ya había expresado su rechazo total, postura que fue ratificada este año. Además, organizaciones como la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y su par paraguaya han declarado su oposición conjunta al proyecto.
Hasta la fecha no existiría un estudio de impacto ambiental, plan de ingeniería aprobado, ni respaldo técnico de instituciones ambientales nacionales.
“Están saltando todos los pasos legales y técnicos. Es una imposición desde el poder político y económico, sin considerar que estamos hablando de una de las poblaciones más frágiles del continente”, señaló Tamburini.
El pueblo Ayoreo: una nación milenaria en riesgo
El pueblo Ayoreo es uno de los últimos pueblos indígenas en América del Sur que mantiene familias en situación de aislamiento voluntario fuera del ámbito amazónico. Tradicionalmente nómadas, cazadores y recolectores, los Ayoreos se desplazan por vastas regiones del Gran Chaco en función de la disponibilidad estacional de agua, alimento y otros recursos naturales.
Los grupos en aislamiento no utilizan herramientas metálicas ni armas modernas; elaboran sus implementos con materiales del entorno y dependen exclusivamente de la biodiversidad del monte para sobrevivir. Su estilo de vida, profundamente conectado con la naturaleza, los hace extremadamente vulnerables a cualquier alteración del ecosistema, como la deforestación, los incendios o los megaproyectos de infraestructura.
De acuerdo a estimaciones actuales, unas 150 personas del grupo Ayoreo Totobiegosode aún viven en aislamiento. Son reconocidos por el Estado boliviano como un pueblo en riesgo de extinción, según lo establece la Ley 450 (2013). Su derecho a vivir sin contacto ha sido ratificado por directrices internacionales, como las de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, que exigen respeto a la autodeterminación y consulta libre, previa e informada.
Estas familias sobreviven exclusivamente de los recursos naturales del bosque, desplazándose estacionalmente en busca de agua, alimentos y materiales para la construcción de refugios o utensilios. No utilizan herramientas metálicas, armas de fuego ni tecnología. Se han identificado sus rastros por técnicas específicas de caza, fogatas, recolección y señales territoriales.
“Estamos hablando de unas 150 personas que viven como lo han hecho durante siglos. Cualquier alteración de su entorno —como una carretera— puede significar la muerte, literal, por exposición a virus, pérdida de recursos o desplazamiento forzoso”, subrayó Tamburini.
Desde los años 30 del siglo XX, con las misiones evangélicas, comenzaron los primeros contactos forzados con este pueblo. Muchos se resistieron, internándose aún más en el monte. Desde entonces, han sobrevivido en condiciones de gran fragilidad, evadiendo contactos y protegiendo su autonomía.
“No se trata solo de una carretera. Se trata de si como sociedad estamos dispuestos a permitir la desaparición de un pueblo que ha decidido vivir en paz con la naturaleza. Este puede ser el último momento para actuar”, afirma Tamburini.
El gobierno nacional boliviano, por su parte, ha evitado una postura clara. Autoridades como el Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, han expresado simpatía con el proyecto, mientras que técnicos de la estatal ENDE han ofrecido electrificación si el tramo avanza, pese a la inexistencia de procesos técnicos y legales.
“Ni la consulta ni los estudios existen. Están tocando líderes fuera de las estructuras comunitarias para simular apoyo. Es una estrategia ya vista en otros conflictos territoriales: se fabrica un consenso donde no lo hay”, explicó Tamburini.
¿Un nuevo TIPNIS en el oriente boliviano?
La situación recuerda a lo ocurrido con el TIPNIS, donde se intentó construir una carretera sobre un territorio indígena y área protegida. A pesar del rechazo de las comunidades, la imposición del proyecto generó un conflicto nacional. ¿Hoy, en el oriente del país, se repite el mismo patrón? El desconocimiento de derechos colectivos, presión empresarial y desprotección estatal.
“Estamos en el umbral de una tragedia silenciosa. Si esta carretera avanza, podemos ser testigos de la desaparición de un pueblo originario milenario. La sociedad civil, los medios, la academia, las organizaciones internacionales: todos debemos actuar”, concluyó Tamburini.

